Brasil y el desafío de regular el mercado de criptoactivos: elementos para el debate latinoamericano

La regulación del mercado de criptoactivos avanza en América Latina con enfoques diversos, ritmos heterogéneos y distintos niveles de desarrollo institucional. Países como México, Argentina, Colombia y Chile ya discuten marcos normativos específicos, mientras que otros observan con cautela los movimientos regulatorios de sus vecinos. En Brasil, de acuerdo con Mauricio Vedovato, socio de HRSA Sociedade de Advogados, en entrevista al sitio Lex Legal Brasil, el proceso ha ganado tracción con la aprobación del Marco Legal de los Criptoactivos y, más recientemente, con la designación del Banco Central como autoridad responsable de supervisar la prestación de servicios vinculados a estos activos.

A partir de las consultas públicas iniciadas por el regulador brasileño, el país comienza a delinear una regulación infralegal más precisa. Esto ha movilizado tanto a las plataformas de intercambio (exchanges) como al sistema financiero tradicional. Las empresas que operan en el sector de activos virtuales en Brasil ya cuentan con directrices preliminares, resultado de las consultas públicas realizadas por el Banco Central. Entre los temas sometidos a debate se encuentran la segregación patrimonial, la gestión de riesgos, las actividades desarrolladas, los activos negociados, la contratación de servicios esenciales, las reglas de gobernanza y conducta, la seguridad cibernética, la protección al cliente y la transparencia en la prestación de información.

Con base en estos lineamientos, las exchanges que operan en el país ya están orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo de políticas internas, estructuras operativas y modelos de gobernanza que contemplen estos puntos. Un movimiento similar se observa también en países como Chile y Colombia, donde las autoridades regulatorias empiezan a establecer estándares técnicos más rigurosos.

A pesar de estos avances, la regulación brasileña aún presenta lagunas importantes. Uno de los puntos más delicados es el tratamiento jurídico de las stablecoins, emitidas por entidades privadas. La ausencia de una definición clara sobre su naturaleza legal y sus mecanismos de respaldo genera incertidumbre tanto para los proveedores de servicios como para los inversores, especialmente en escenarios adversos.

Este desafío no es exclusivo de Brasil. En economías como la argentina o la mexicana, donde el uso de stablecoins ha crecido como alternativa ante la volatilidad monetaria, tampoco existe una normativa consolidada sobre su emisión, custodia o utilización. Se trata de una zona gris que plantea riesgos relevantes a nivel regional.

El avance de la regulación en Brasil abre camino para que los bancos tradicionales se aproximen al ecosistema cripto de manera más estructurada y segura. Abandonando una postura predominantemente defensiva que marcó los últimos años, las instituciones financieras comienzan a identificar oportunidades en áreas como la custodia de criptoactivos, la tokenización de activos reales, la emisión de stablecoins y la interoperabilidad con soluciones descentralizadas, en el marco de iniciativas como el Drex (real digital brasileño) y el Open Finance.

Sin embargo, esta integración no será automática. Exigirá inversiones significativas en tecnología, revisión de procesos y, sobre todo, la construcción de modelos de gobernanza compatibles con los nuevos riesgos. La experiencia brasileña demuestra que la convergencia entre finanzas tradicionales y tecnologías descentralizadas puede ser viable, siempre que esté sustentada en reglas claras y mecanismos de supervisión eficaces, una aspiración compartida en toda América Latina.

Los desafíos regulatorios vinculados al mercado de criptoactivos atraviesan fronteras en América Latina: garantizar seguridad jurídica, mitigar riesgos sistémicos, fomentar la innovación y proteger a los inversores. La experiencia brasileña, aunque aún en construcción, ofrece elementos útiles para el debate regional: la importancia de la consulta pública, el papel técnico de los reguladores y la necesidad de un enfoque normativo progresivo, que combine flexibilidad con rigor.

Más que un modelo cerrado, se trata de una experiencia en curso que puede alimentar la cooperación entre países latinoamericanos, promoviendo espacios de diálogo que fortalezcan la seguridad y la competitividad del ecosistema cripto en la región.